Reforma al impuesto a la renta

Los primeros esbozos de lo que sería la columna vertebral de un nuevo proyecto de reforma tributaria, esta vez concentrada en el impuesto a la renta, no deberían ser motivo de sorpresa. El discurso oficial viene insistiendo hace varios meses en que se está de acuerdo con reducir la tasa de impuesto corporativo para mejorar la competitividad tributaria de las empresas, agregando que debe compensarse con aumentos en los impuestos a las personas, de manera que el efecto neto en la recaudación sea cero.

La idea de que la rebaja en el impuesto de primera categoría de 27% a 25% sea financiada con un alza en la tributación a las personas que perciben ingresos correspondientes a los tramos más altos del impuesto global complementario no parece tener suficiente piso, considerando que desde el lado del gasto existen espacios para mejorar la eficiencia, reasignando fondos, eliminando duplicidades y cerrando programas mal evaluados que no se justifican.

La propuesta de reducir el impuesto corporativo de 27% a 25% es positiva, pero aún tímida, considerando que los países OCDE compiten con Chile en la atracción de capitales.

Sin embargo, hay además una anomalía tributaria, que en algún momento habrá que corregir: en Chile, la exención del pago del impuesto a la renta de quienes perciben hasta $ 860 mil mensuales, aproximadamente, se traduce en que el 75% de los trabajadores no paga el tributo, lo que es atípico entre los miembros de la OCDE. Aunque también es cierto que el nivel de ingreso promedio del país es inferior al de esas economías, cuando la comparación se realiza respecto de la mediana de los ingresos, Chile parece un caso excepcional, teniendo como contrapartida una mayor carga impositiva a las rentas del capital (personas y empresas) y a los trabajadores de más altos ingresos.

La propuesta de reducción del impuesto corporativo de 27% a 25% es positiva, pero aún tímida, si consideramos que los países OCDE compiten con Chile en la atracción de capitales. El Ministerio de Hacienda, consciente de este punto, ha enfatizado que al considerar en su conjunto la totalidad de los ajustes tributarios, la carga máxima que afectaría las rentas del capital de contribuyentes chilenos, actualmente en 44,5%, se reduciría a 39,5%.

Se trata de un paso en la dirección correcta, pero que también lleva a la pregunta de por qué no avanzar hacia la carga de 35% que se aplica a las empresas extranjeras. La discusión está recién en sus primeras fases, y son numerosos los temas específicos que habrá que abordar. Para llegar a buen puerto es recomendable poner sobre la mesa opciones que también incluyan un mayor esfuerzo fiscal por el lado del gasto, ya que centrar el ajuste solo en los grupos de más altos ingresos, puede ser no solo injusto, sino que además involucrar efectos negativos sobre el ahorro.